Vamos a hablar claro, sin tecnicismos, porque lo que está pasando en Ecopetrol nos toca a todos el bolsillo. Ecopetrol no es una empresa cualquiera: es de los colombianos. Sus ganancias pagan carreteras, escuelas y hospitales. Cuando alguien mete la mano ahí, no le roba a un gerente ni a un accionista lejano: nos roba a usted, a mí y a su vecino.

Y según la investigación que reveló El Tiempo, la mano que se metió fue grande. Muy grande.

¿Qué está pasando, en pocas palabras?

Una auditoría interna de Ecopetrol está revisando 32 casos de posible corrupción. No son rumores de pasillo: son correos, chats y declaraciones de funcionarios que ya se están guardando «con cadena de custodia» —es decir, protegidos como pruebas de verdad, de las que sirven en un juicio—.

¿La cifra que asusta? A un solo grupo de contratistas le habrían girado $10 billones, sumando contratos de Ecopetrol y de su filial Cenit. Para que se dé una idea: con esa plata se financiarían varios hospitales de alta complejidad, o el metro de una ciudad entera. Y fue a parar, presuntamente, a un puñado de empresas amigas.

¿Quiénes aparecen en la historia?

Aquí es donde la cosa se pone seria, porque no hablamos de desconocidos:

• Manel Grau, un catalán amigo del expresidente Gustavo Petro y de la ex primera dama Verónica Alcocer. Según audios que ya tiene la Fiscalía, él mismo se jactaba de que —»con el beneplácito de la Casa de Nariño»— tenía manejo en Ecopetrol, Cenit e ISA. En cristiano: presumía de mover los hilos de las empresas más importantes del Estado.
• La «Bailarina», que es como llaman internamente en Ecopetrol a Verónica Alcocer. Su nombre aparece mencionado en uno de los casos.
• El «Bachi» (Jorge Humberto Argüello), un contratista de Santander cuya empresa, Conyser, tiene contratos con la petrolera por $79.000 millones.
• Y el entorno del expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, incluida su pareja, aunque Roa insiste en que esta nunca tuvo que ver con decisiones de la empresa.

¿Y de qué los acusan exactamente?

De todo lo que uno se imagina cuando piensa en corrupción, pero a lo grande:

• Sobornos por contratos: obras civiles, mantenimiento de oleoductos, vigilancia, seguridad, informática y hasta el alquiler de helicópteros.
• Pagos por nombramientos: es decir, plata por debajo de la mesa para poner a alguien en un cargo alto. Solo en este renglón habría al menos 10 casos.
• Dádivas por la venta de crudo y gas: aquí aparece hasta un empresario turco que habría pagado cerca de $1.000 millones por un contrato.
• Fuga de información: soplarles a ciertas empresas datos confidenciales para que ganaran las licitaciones. Se habla incluso de reuniones en el piso 12 de Ecopetrol —donde está la presidencia— y de encuentros en París, España y Sopó.

¿Por qué esto es más grave que otros escándalos?

Por una razón concreta que la gente debe entender: Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York. Eso significa que no solo responde ante la justicia colombiana, sino también ante las autoridades de Estados Unidos, que son mucho menos tolerantes con la corrupción corporativa. Por eso los hallazgos de la auditoría —que puede tardar entre 4 y 8 meses— se enviarán a la Fiscalía de Colombia y también a agencias federales gringas, que ya están haciendo preguntas.

Traducido: aquí no basta con «capar» el escándalo en Colombia. Hay ojos afuera.

La frase que resume el tamaño del problema

Un vicepresidente de la propia Ecopetrol, que dice estar listo para ir a declarar, lo puso en términos que cualquiera entiende:

«Si solo la mitad de esos 32 casos resultan tener asidero penal, el saqueo a Ecopetrol va a desplazar al de la UNGRD como el más grande escándalo de corrupción del gobierno Petro.»

Y recordemos: en el caso de la UNGRD —el de los carrotanques de La Guajira— ya van más de 10 capturas. Si esto es más grande que aquello, estamos ante uno de los mayores robos a lo público de la historia reciente del país.

Lo que no podemos dejar pasar

Aquí conviene la honestidad: por ahora son investigaciones y auditorías, no condenas. Los mencionados tienen derecho a defenderse, y varios ya lo hicieron. Roa negó irregularidades; el exvicepresidente Bayron Triana asegura que todo es «una campaña de desprestigio» porque se negó a firmar un contrato de gas presionado desde la Casa de Nariño; y las empresas ganadoras juran que cumplieron con todo. Eso lo tendrán que resolver los jueces, no el clamor de las redes.

Pero hay algo que sí podemos exigir desde ya: que la auditoría no se archive, que la Fiscalía no se demore, y que los nombres poderosos —el amigo catalán del presidente, la ex primera dama, los exdirectivos— reciban exactamente el mismo trato que recibiría cualquier ciudadano de a pie que se robara mil pesos de una caja registradora.

Porque al final la pregunta es simple, y es la que todos deberíamos hacernos: si Ecopetrol es de todos los colombianos, ¿por qué unos pocos la trataron como si fuera su finca privada?

La respuesta la deben dar la Fiscalía, los jueces y, ojalá, las autoridades de Estados Unidos. Nosotros, mientras tanto, no podemos hacer una sola cosa: mirar para otro lado.