Hay informes de inteligencia que, si se confirman en su totalidad, obligan a repensar por completo cómo se protege un espacio que debería ser sagrado para cualquier democracia: la universidad pública. Según un documento confidencial conocido por Semana, autoridades colombianas identificaron la presencia de células clandestinas del ELN y de las disidencias de las Farc —tanto las comandadas por alias Iván Mordisco como por alias Calarcá— en diez universidades públicas del país, con planes de expansión hacia al menos seis ciudades adicionales.

El mapa de la infiltración

Los movimientos de estos grupos ya habrían sido detectados en Bogotá (universidades Nacional, Distrital y Pedagógica), Medellín (Universidad de Antioquia, Universidad Nacional y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid), Bucaramanga (Universidad Industrial de Santander), Cali (Universidad del Valle), Popayán (Universidad del Cauca) y Neiva (Universidad Surcolombiana). Según el informe, las estructuras armadas también habrían evaluado la posibilidad de extender su presencia a centros académicos en Tunja, Armenia, Manizales, Ibagué, Fusagasugá y Villavicencio, buscando consolidar plataformas en entornos que consideran vulnerables.

El mecanismo de infiltración que describe el documento no es, según los investigadores consultados, particularmente sofisticado: los grupos armados establecerían contacto con colectivos estudiantiles afines ideológicamente, a quienes utilizarían como instrumentos de radicalización. Uno de los hallazgos más inquietantes tiene que ver con el perfil de algunos de los militantes identificados dentro de las universidades: estudiantes que, según el informe, permanecerían matriculados durante periodos inusualmente largos —entre ocho y quince años—, cancelando materias de forma sistemática o cambiando de programa académico con el propósito aparente de no perder su condición de estudiantes y mantener así su cobertura dentro de la institución.

Reclutadores con perfil bajo, y profesores bajo sospecha

El documento señala que los líderes de estas células suelen gozar de reconocimiento dentro de los grupos estudiantiles y ejercer influencia real sobre las decisiones de la comunidad universitaria, actuando como reclutadores que identifican a los estudiantes más jóvenes y receptivos, mientras mantienen un perfil inofensivo frente al cuerpo docente y administrativo. Más allá del estudiantado, el informe también señala que algunos profesores habrían sido objeto de intentos de manipulación por parte de estas estructuras armadas, con el propósito de que faciliten el despliegue de sus planes dentro de los centros urbanos, aunque el documento no detalla cuántos casos se habrían confirmado ni con qué nivel de certeza.

El vínculo con la ‘paz total’

Uno de los puntos más políticamente sensibles del informe es la relación que establece entre el crecimiento de esta presencia universitaria y la política de «paz total» del gobierno de Gustavo Petro. Según fuentes de inteligencia consultadas por Semana, los espacios de diálogo público que tuvieron las guerrillas durante ese proceso —reuniones, convocatorias abiertas, trabajo de masas— habrían sido aprovechados para multiplicar su discurso ideológico en las ciudades capitales, en una lectura que atribuye directamente a esa política el incremento reciente de la presencia de estas estructuras en las aulas.

Tres formas de financiación

El informe describe además tres fuentes de financiamiento para estas células clandestinas. La primera es el envío directo de dinero en efectivo desde las estructuras armadas, destinado a la fabricación de artefactos explosivos improvisados, elementos simbólicos y logística. La segunda es el autosostenimiento a través de actividades como la venta de estupefacientes, el hurto y la extorsión dentro de las propias instituciones —identificado como el mecanismo más común entre los distintos grupos—, incluyendo, según el documento, modelos de control del microtráfico dentro de los campus. La tercera fuente, que el propio informe reconoce como todavía en investigación, es el posible uso de recursos públicos a través de actividades comunitarias, como el caso de huertas urbanas patrocinadas por administraciones locales en algunas ciudades.

El riesgo que más preocupa: repetir el estallido de 2021

La inquietud central de las autoridades, según el documento, no es únicamente la presencia de estas células, sino su capacidad de convertir el descontento social legítimo en un detonante de violencia organizada, replicando lo ocurrido durante el estallido social de 2021. Uno de los oficiales consultados planteó abiertamente esa hipótesis: que estos grupos podrían capitalizar causas como el rechazo a la intervención de Estados Unidos en la región o cuestionamientos a la autonomía universitaria como excusas para detonar protestas de gran escala.

La respuesta del Gobierno, y las líneas de tensión que ya se dibujan

Frente a este panorama, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno no tolerará que las universidades públicas sigan siendo, en sus palabras, «santuarios de la violencia», y ordenó diseñar un protocolo nacional que distinga entre el ejercicio legítimo de la protesta y los hechos de violencia, flagrancia o alteraciones extraordinarias del orden público que, a su juicio, exigen la intervención directa de la Policía Nacional, incluso dentro de los campus universitarios.

Esa postura ya encontró respaldo legislativo: el representante Simón Molina, del movimiento Creemos, radicó un proyecto de ley que establecería el orden público como límite explícito a la autonomía universitaria, y que facultaría a alcaldes municipales y distritales para autorizar el ingreso de la Policía a las instituciones tras la verificación de hechos graves de violencia. Sin embargo, el camino de esa iniciativa no luce sencillo: el Pacto Histórico, la bancada más numerosa del Congreso, ya anticipó su oposición a cualquier reforma que toque la autonomía universitaria, mientras que varios rectores han pedido que, de avanzar este tipo de medidas, se diseñe primero un protocolo específico que evite violaciones a los derechos humanos en el eventual ingreso de la fuerza pública a los centros educativos.

Una tensión que no se resuelve solo con Policía

Lo que este informe plantea, en el fondo, es un dilema que Colombia ha enfrentado en distintos momentos de su historia reciente: cómo proteger la autonomía universitaria —un principio constitucional fundamental para la libertad académica y el pensamiento crítico— sin que ese principio termine convirtiéndose, como advierte el propio Gobierno, en un espacio de impunidad para estructuras armadas que buscan instrumentalizar a la juventud. La respuesta no puede reducirse únicamente a la pregunta de cuándo y cómo debe entrar la Policía a un campus, porque esa discusión, por sí sola, no resuelve el problema estructural que describe el informe: universidades públicas en zonas donde el Estado social —empleo, oportunidades, presencia institucional real— tampoco ha llegado con la fuerza suficiente como para que la radicalización deje de ser, para algunos jóvenes, una alternativa atractiva.

El reto que deja este informe, entonces, no es solamente de seguridad. Es la pregunta, otra vez repetida en la historia colombiana, de si el Estado logrará ocupar esos espacios con algo más que uniformados: con educación de calidad, oportunidades reales y una presencia institucional que no dependa, cada cuatro años, de si el gobierno de turno prioriza el garrote o el diálogo.