El llamado «gran paro nacional» convocado para los días 28 y 29 de mayo deja más preguntas que respuestas. Lo que se anticipaba como una masiva expresión ciudadana en apoyo a las reformas del Gobierno terminó siendo una jornada de baja convocatoria, con manifestaciones dispersas, escasa concurrencia y, en algunos lugares, más bloqueos que voces.

Aunque en el discurso oficial se insiste en presentar los hechos como una estrategia descentralizada y comunitaria, lo cierto es que la jornada expuso el creciente desgaste de la calle como herramienta de presión política y reveló una desconexión entre el llamado institucional al paro y la respuesta ciudadana. El respaldo que en otros tiempos llenó plazas ahora se fragmenta entre la indiferencia, la confusión y el rechazo a los bloqueos que afectan la cotidianidad de millones de ciudadanos.

La propuesta de “cabildos abiertos” como mecanismo de movilización popular generó más dudas que participación. Incluso algunos sectores jurídicos han advertido que no cumplen con las características legales de un cabildo auténtico. La falta de claridad sobre los objetivos y los convocantes —un asunto que el mismo Gobierno ha oscilado en asumir o negar— terminó por diluir el impacto del mensaje y generar ruido más que articulación.

Además, el uso de recursos y canales estatales para respaldar y amplificar el llamado al paro ha encendido las alarmas. La estrategia de comunicación oficial apostó por mostrar un país movilizado con imágenes selectivas, pero en contraste, las calles hablaron con su vacío.

En varias ciudades se reportaron alteraciones al orden público, vandalismo y bloqueos que perjudicaron principalmente a los ciudadanos de a pie. Millones de personas se vieron afectadas por interrupciones del transporte y la movilidad. Y aunque se intenta desvincular estos hechos del llamado a la movilización, la falta de planificación y control también pesa sobre quienes promueven estos escenarios.

Todo esto ocurre en medio de una insistente narrativa del Ejecutivo que insiste en avanzar con la consulta popular, incluso por decreto, para intentar rescatar las reformas sociales hundidas en el Congreso. Sin embargo, esa vía está plagada de obstáculos jurídicos y políticos, y su viabilidad es cada vez más cuestionada.

Lo ocurrido en estas jornadas revela una paradoja: un Gobierno que se proclama popular, pero que lucha por movilizar a su base; que insiste en su legitimidad, pero no logra traducirla en presencia ciudadana; que dice representar al pueblo, pero que empieza a parecer desconectado de él.

Más que fortalecer una causa, el paro evidenció que el respaldo popular no se decreta desde el poder, se construye con confianza, coherencia y liderazgo. Y en eso, al menos en estos dos días, el país habló con su silencio.