Hay cifras que no admiten maquillaje. Más de 31 billones de pesos en contratación directa durante el actual gobierno no son un detalle técnico: son una decisión política de enormes proporciones.

Bajo el discurso de fortalecer la “economía popular”, el Ejecutivo abrió la puerta a un modelo que terminó debilitando principios básicos de la contratación pública: transparencia, competencia y selección objetiva. Lo que se vendió como inclusión terminó convertido en un esquema altamente discrecional.

La figura de las llamadas asociaciones público-populares —posteriormente tumbada por la Corte Constitucional— permitió adjudicar contratos “a dedo” con una amplitud y ambigüedad preocupantes. No es menor que el alto tribunal haya advertido un exceso del Gobierno al crear, prácticamente, una nueva forma de contratación sin suficiente sustento legal.

Pero el problema no es solo jurídico. Es, sobre todo, de resultados.

Decenas de miles de contratos han sido firmados, pero apenas una fracción mínima se ha materializado en obras terminadas. La mayoría permanece en ejecución, modificada o, en el peor de los casos, estancada. En términos simples: el dinero se comprometió, pero los resultados no aparecen.

El caso de la infraestructura rural es particularmente revelador. Promesas ambiciosas que terminan reducidas a porcentajes marginales de ejecución. La brecha entre el discurso político y la realidad física de las obras es evidente.

A esto se suma un elemento incómodo pero necesario: la utilización de organizaciones comunitarias que, en muchos casos, carecen de la capacidad técnica para ejecutar proyectos complejos. El riesgo era evidente desde el inicio y fue advertido por gremios, expertos y sectores técnicos. Aun así, el Gobierno avanzó.

El resultado es un modelo que no solo compromete recursos públicos, sino que también erosiona la confianza institucional. Porque cuando la contratación se percibe como discrecional, el ciudadano deja de ver al Estado como garante y comienza a verlo como operador político.

El debate no es si las comunidades deben participar. Es evidente que sí. El verdadero problema es haber confundido participación con improvisación, y política social con flexibilización de controles.

Hoy el país enfrenta preguntas incómodas: ¿quién responde por los proyectos inconclusos?, ¿dónde están los resultados?, ¿y qué mecanismos reales existen para recuperar la confianza perdida?

Porque en política pública, las buenas intenciones no reemplazan la ejecución. Y los discursos, por sí solos, no construyen carreteras.