Sandra Ramírez, expareja de ‘Tirofijo’ y exsenadora del partido Comunes, fue citada a rendir versión en la JEP dentro del Caso 07, el que investiga el reclutamiento de niñas y niños durante el conflicto. La misma mujer que llegó al Congreso a legislar en nombre de la paz ahora deberá responder por lo que hizo, supo o permitió cuando estaba en la cúpula de la guerrilla más sanguinaria del país.

La Sala de Reconocimiento quiere establecer algo concreto: si su relación personal con Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda o ‘Tirofijo’, sumada a las funciones que ejerció dentro de las Farc, le dieron una posición de poder frente a otros miembros de la organización. Y si desde esa posición conoció o intervino en las violencias contra menores, incluidas las sexuales y reproductivas. No es un señalamiento menor. Es la pregunta por la responsabilidad de quien estuvo al lado del hombre que dirigió el reclutamiento de miles de niños.

La cifra sola desarma cualquier relato romántico de la guerrilla: 11.277 personas acreditadas como víctimas solo en el Caso 07. 2.250 individuales y 9.027 colectivas, incluidos cinco pueblos indígenas y un consejo comunitario afrocolombiano. 26 exintegrantes de las Farc llamados a reconocer su máxima responsabilidad. Esto no es un episodio aislado. Es un patrón macrocriminal documentado por la propia justicia transicional.

La citación de Ramírez no fue un acto de diligencia espontánea. Llegó después de un año de presión de las organizaciones de víctimas. La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, que tiene seis víctimas acreditadas por hechos que le atribuyen a Ramírez, le pidió una y otra vez a la magistrada Rueda que la vinculara. Deisy Guanaro, reclutada a los 10 años, llevaba un año exigiendo que la incluyeran y denunciando amenazas y fallas en su propio esquema de protección. Las víctimas tuvieron que empujar para que la justicia mirara hacia arriba en la cadena de mando.

Y no viene sola. La JEP también citó a Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, y al último Secretariado de las Farc por violencia de género contra 34 mujeres reclutadas a la fuerza. Los relatos, aún bajo reserva, hablan de abortos forzados, anticoncepción obligada, procedimientos con malos tratos, órdenes de entregar a los hijos nacidos en las filas para que otros los criaran, y violencias por prejuicio contra personas con orientación sexual o identidad de género diversa: ocultamiento forzoso, amenazas de consejo de guerra y fusilamiento como «correctivo». Hechos entre 1990 y 2015 en doce departamentos.

Esa es la memoria que algunos quieren maquillar. Mientras la izquierda repite que la paz lo justifica todo, las víctimas siguen pidiendo lo mínimo: que quienes ejercieron poder respondan. No venganza. Verdad. Que Sandra Ramírez explique qué sabía. Que el Secretariado explique por qué callaron cuando las mujeres denunciaban y no pasaba nada.

La versión voluntaria no es una condena. Es una oportunidad para que respondan y aporten. Pero también es la prueba de que la justicia transicional, con toda su lentitud y sus concesiones, todavía puede llegar hasta donde el poder político prefiere que no llegue. La pregunta de fondo es incómoda: ¿Cómo se defiende un proyecto que llevó al Congreso a quienes hoy la JEP investiga por el reclutamiento y la violencia contra niños?

Esa memoria no se negocia. Se investiga. Y por fin, aunque tarde, alguien está preguntando.