Hay historias que no necesitan adornos para indignar. Basta con poner los hechos, uno detrás de otro, y dejar que hablen solos. Esta es una de esas.

El 8 de agosto de 2024, el Estado colombiano regaló noventa hectáreas de tierra a una asociación de excombatientes en Icononzo, Tolima. La finca se llama Cuba, y no es un detalle menor que el Estado la hubiera comprado meses antes por 1.742 millones de pesos de la plata de todos. Hasta ahí, nada raro: entregar tierra a quienes dejaron las armas es un compromiso del Acuerdo de Paz, y es justo.

El problema aparece en el quinto renglón de la lista de beneficiarios. Ahí, entre veintitrés personas registradas oficialmente como «vulnerables y sin tierra», aparece un nombre que desentona con todo: Pablo Catatumbo Torres Victoria. Senador de la República en ejercicio.

Un pobre con sueldo de 48 millones

Detengámonos aquí, porque este es el corazón del asunto.

Cuando el Estado lo inscribió en el censo de personas sin tierra —apenas un mes antes de la entrega—, Catatumbo no era un campesino desplazado. Era senador, con un sueldo de 48 millones de pesos mensuales. Y no un senador cualquiera: ocupaba la vicepresidencia de la comisión del Senado encargada, precisamente, de legislar sobre la adjudicación de tierras.

Léalo de nuevo, porque merece la pena: el hombre que ayudaba a hacer las leyes sobre reparto de tierras fue, al mismo tiempo, beneficiario de ese reparto. Juez y parte. Legislador y «damnificado».

Las cuentas que no cuadran

La ley no es ambigua en esto. Para recibir tierra gratis del Estado, el aspirante no puede tener un patrimonio superior a cierto tope. Con el Plan Nacional de Desarrollo de 2023, ese límite quedó en 64 millones de pesos: es decir, poco más de lo que Catatumbo ganaba en un solo mes.

¿Y cuál era su patrimonio real? El senador ya era dueño del 50% de un apartamento de 93 metros cuadrados en Bogotá, con parqueadero, valorado en 274 millones de pesos. Por sí solo, ese medio apartamento ya cuadruplicaba el tope permitido. Y por si quedaban dudas sobre su verdadera situación económica, un mes después de recibir las hectáreas gratis, compró la otra mitad del apartamento.

O sea: mientras el Estado lo trataba como un colombiano sin nada, él redondeaba la compra de un inmueble en la capital.

«Me metieron un gol»

Lo más revelador es lo que dijo el propio exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, al ser consultado. Reconoció su sorpresa y admitió que sectores del partido Comunes le «metieron un gol» con esta adjudicación —y con otra parecida en el Cesar—.

Es una confesión importante, pero también una excusa incómoda. Harman explicó que la entidad parte de la «presunción de buena fe» de los solicitantes, que el título recae sobre la asociación y no sobre cada persona, y que ser excongresista no anula el derecho a la reincorporación.

Todo eso puede ser cierto en el papel. Pero hay una pregunta que ninguna tecnicalidad responde: si la ley exige verificar el patrimonio, ¿por qué nadie revisó el de un hombre cuyo sueldo y bienes eran públicos y conocidos? No hablamos de un campesino anónimo en una vereda remota. Hablamos de un senador cuyas declaraciones de renta y de bienes están al alcance de cualquiera. Bastaba un clic.

Y después de la tierra, la plata

La historia no termina con las hectáreas. Después de la adjudicación —a un grupo donde la mayoría estaba vinculada por contratos con la Unidad Nacional de Protección—, siguieron llegando recursos públicos. En enero de 2026, la Agencia de Desarrollo Rural entregó en Icononzo maquinaria por 1.445 millones de pesos para el proyecto. Y al evento, faltando seis meses para dejar su curul, asistió el propio senador Catatumbo.

Sumemos con lápiz de tendero: 1.742 millones por la finca, más 1.445 millones en maquinaria. Más de 3.000 millones de pesos de recursos públicos alrededor de un proyecto en el que figuraba un legislador con sueldo de 48 millones al mes.

Lo que está en juego

Seamos justos: la reincorporación de excombatientes es un logro que hay que cuidar, no destruir. Miles de personas que dejaron las armas dependen de estos programas para rehacer su vida, y sería un error convertir este caso en una excusa para atacar todo el proceso de paz. Catatumbo, además, no respondió a las preguntas y tiene derecho a dar su versión.

Pero cuidar el programa significa, justamente, protegerlo de quienes lo usan indebidamente. Cada hectárea que va a parar a un senador millonario es una hectárea que le falta a un campesino de verdad, a un excombatiente raso que sí lo necesita. La legitimidad de la reforma agraria no se defiende tapando estos casos: se defiende exigiendo que se investiguen a fondo.

Quedan preguntas que los documentos no resuelven y que la ciudadanía tiene derecho a que se respondan: ¿Qué verificó la Agencia Nacional de Tierras antes de incluirlo? ¿Quién autorizó que un senador en ejercicio apareciera en un censo de personas sin tierra? ¿Fue negligencia, o fue un favor?

Mientras no haya respuestas, la imagen que queda es tan simple como incómoda: en Colombia, hasta para ser pobre ante el Estado, ayuda tener un curul en el Senado.