¿Quién le está llenando el tanque a las bodegas digitales?

Hay confesiones que valen más cuando vienen de casa. Y la que hizo Gustavo Bolívar en Blu Radio es de esas. «Lo que existen son muchos tuiteros a los que alguien coordina. Les dicen: ‘La campaña hoy es esta y hay tanta plata’. Eso existe y no lo podemos negar.» No lo dijo un opositor buscando titular. Lo dijo un senador del Pacto Histórico, exdirector de Prosperidad Social, hombre del círculo de Petro. Es decir: alguien que sabe de qué habla porque estuvo adentro.

Con esa frase, Bolívar admitió en voz alta lo que durante años se negó de dientes para afuera: las bodegas digitales del petrismo existieron, tuvieron plata y funcionaron como aparato de propaganda. Ahora que Petro dejó la Casa de Nariño, la pregunta se cae de madura: ¿qué pasó con esa maquinaria? ¿Se apagó, o solo cambió de dueño?

El Estado pagándole a sus propios propagandistas

Aquí está el nudo del asunto, y conviene explicarlo despacio porque es donde se junta lo político con lo que duele: la plata.

Varias de las cuentas más activas en defender al gobierno tenían, al mismo tiempo, contratos con ese mismo gobierno. No es un detalle menor. Es el corazón del problema.

• Elizabeth Ortiz acumuló al menos 13 contratos de prestación de servicios entre 2023 y 2026 —dos seguían vigentes hasta agosto— por unos $795 millones, repartidos entre los ministerios de Salud, Justicia y Minas, el Dapre y la Superintendencia del Subsidio Familiar.
• Levy Rincón fue contratista de RTVC, el canal público, donde conducía un programa que el propio canal describía como «de mamertos para mamertos». Traducción: el medio de todos los colombianos usado como altavoz de una parte.
• Celso ‘Tete’ Crespo fue contratista de Ambiente, Prosperidad Social, la SIC y asesor de Presidencia.
• David Rozo («Don Izquierdo») también tuvo contrato con RTVC.

¿Se entiende el mecanismo? Dinero público entrando a cuentas que, con la otra mano, hacían activismo a favor del gobierno que les firmaba el cheque. Eso ya no es comunicación institucional. Eso es propaganda pagada con el bolsillo de todos.

Los números no mienten (y cuentan una historia)

Lo más revelador aparece cuando uno mira qué pasó con esas cuentas después de que Petro dejó el poder. Porque si eran militantes de verdad, deberían seguir peleando igual. Y si eran operadores contratados, deberían desinflarse cuando se cierra la llave.

El resultado es mixto, y por eso es interesante:

• Los más combativos —Ortiz, Rincón— mantienen o incluso suben sus números, ya en la oposición. Esos parecen creyentes.
• Otros, como ‘Tete’ Crespo o «Físico Impuro», se desinflan apenas termina la temporada electoral y se acaban los contratos. Esos parecían más empleados que militantes.

La lectura es incómoda para el petrismo: una parte de su «movimiento espontáneo en redes» tenía más de nómina que de convicción.

La confesión que se quedó corta

El mérito de Bolívar fue reconocerlo. Su error fue reducirlo a un problema de plata ajena: como si lo grave fuera cuánto gastan los rivales en sus propias bodegas, y no que ambos bandos ensucian el debate público con cuentas coordinadas.

Y hay una pieza que no se puede pasar por alto: según lo reportado, el exviceministro del MinTIC Andrés López habría pedido a creadores de contenido alinearse para respaldar a Iván Cepeda siendo funcionario del gobierno. Si eso ocurrió en plena campaña, la pregunta obvia es: ¿qué se hizo durante cuatro años completos?

La pregunta que también incomoda a la derecha

Sería deshonesto quedarse solo con un color. Porque si el petrismo operó granjas con dinero del Estado, toca preguntar lo mismo del otro lado: ¿quién financia hoy las cuentas que atacan al nuevo gobierno? ¿Tienen contratos? ¿Usan recursos públicos?

El problema no es de izquierda ni de derecha. Es estructural. La amplificación artificial —esos ejércitos de cuentas que repiten la misma consigna a la misma hora— destruye la calidad de la conversación democrática. Y cuando quien paga es el Estado, el daño es doble: se corrompe el debate y se corrompe el gasto público al mismo tiempo.

Lo que debería pasar (y lo que probablemente pasará)

Lo que debería pasar es sencillo de enunciar: una auditoría real a toda la contratación de creadores de contenido durante el gobierno Petro; reglas claras sobre qué puede y qué no puede hacer en redes quien tiene contrato con el Estado; que RTVC rinda cuentas si funcionó como canal de partido; y el desmonte de las bodegas en todos los bandos.

Lo que probablemente pasará es más triste: el nuevo gobierno descubrirá que la bodega es demasiado útil y la reconfigurará a su medida. Los influencers petristas seguirán, ahora como oposición —algunos con independencia genuina, otros esperando que vuelva a abrirse la llave—. Y la discusión nacional se quedará atrapada en el nivel más pobre posible: «mis bots contra tus bots».

Al final, la pregunta de siempre

Bolívar tuvo un momento de honestidad que hay que reconocerle. Pero se quedó corto. Porque el problema no es solo que existan tuiteros coordinados y pagados. El problema es que, cuando esa plata sale del Estado, terminamos pagando entre todos por la manipulación que nos hacen.

Los que creen de verdad no necesitaron gasolina oficial para seguir dando la pelea. Pero las bodegas —esas máquinas de miles de cuentas moviéndose al mismo tiempo— no funcionan gratis. Alguien las prende, alguien las paga. Y si hoy no sabemos de dónde sale ese dinero, tampoco vamos a saber quién está comprando, calladito, la conversación de todo un país.

Así que la pregunta no es si se les acabó la gasolina. La pregunta, la que de verdad importa, es una sola: ¿Quién está llenando el tanque hoy?