Diecisiete días. Ese fue el tiempo que, según la denuncia, le bastó al aparato político del nuevo gobierno para empezar a repartirse la DIAN. El 17 de agosto de 2022 —cuando el petrismo apenas estrenaba la Casa de Nariño y todavía olía a discurso de posesión— ya circulaban hojas de vida buscando ascensos, traslados y direcciones en la entidad que cuida los impuestos de los colombianos. El remitente, según el hombre que lo denunció, tenía nombre y peso: Armando Benedetti.

Esta semana, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema puso el caso donde tarde o temprano iba a terminar: en el escritorio de la Fiscalía. Pero conviene leer la decisión con lupa, porque encierra tanto lo que dice como lo que calla.

Una decisión que no es la que parece

Titular fácil: «La Corte pide investigar a Benedetti.» Titular preciso: la Corte reconoció que no tiene cómo investigarlo. Y son cosas distintas.

La Sala de Instrucción solo puede meterle mano a los congresistas en ejercicio. Benedetti dejó el Senado el 19 de julio de 2022, semanas antes de las movidas que le atribuyen. Sin fuero, sin competencia: la Corte se abstuvo de pronunciarse y remitió el expediente completo a la Fiscalía, la única habilitada para decidir si hay materia para una investigación preliminar por tráfico de influencias.

Traducido al lenguaje de los pasillos judiciales: no es una acusación, es un traslado. La Corte no dijo «es culpable». Dijo «aquí no es». La diferencia importa, porque en Colombia los titulares suelen condenar antes de que un fiscal abra siquiera la carpeta.

Y sin embargo, el fondo no desaparece por un tecnicismo de competencia. Los hechos que motivan el traslado siguen ahí, incómodos, esperando quién los mire de frente.

El que denunció no era el enemigo: era de la casa

La potencia de este escándalo no está en la Corte. Está en el origen de la denuncia. Quien señaló a Benedetti no fue el uribismo, ni un contradictor de oficio. Fue Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN y luego ministro de Comercio del propio gobierno Petro. Un hombre del equipo denunciando a otro hombre del equipo.

Reyes contó que recibió, al menos en cuatro ocasiones y siempre con hoja de vida adjunta, gestiones para acomodar personas en cargos sensibles: un ascenso para Nancy Patricia Holguín, un reemplazo con Alejandro Gutiérrez, y —la joya— la dirección de la DIAN en Cartagena para Mario Olea, en pleno corazón aduanero del Caribe, donde se juega buena parte de la lucha contra el contrabando. Semana publicó los chats. No era un rumor de cóctel: era WhatsApp con nombres propios.

La frase con la que Reyes cerró su versión quedó para el bronce, o para el expediente: «Mis convicciones y las instrucciones de Gustavo Petro estaban alineadas: cero clientelismo.» Es decir, «a mí me pidieron y yo no me presté». En el mismo relato aparecen la suegra de Benedetti, Adelina Covo, y Nicolás Petro, mencionados en torno a las aduanas de Barranquilla y Cartagena. Covo lo niega. Los chats de esa reunión, otra vez, existen.

Los 32 que salieron por la puerta de atrás

Hay un dato que el ruido mediático dejó en segundo plano y que merece atención: en la misma decisión, la Corte archivó la indagación preliminar contra 32 congresistas y excongresistas que también figuraban en el listado de «recomendados» de la DIAN. Ponencia del magistrado Francisco Javier Farfán: no había bases para una investigación de fondo.

O sea que de un escándalo que llegó a salpicar a más de treinta figuras, el sistema depuró casi todo y dejó, por ahora, un solo nombre navegando hacia la Fiscalía. Habrá quien lea eso como justicia quirúrgica. Y habrá quien lo lea como el arte, muy colombiano, de que los escándalos se desinflen hasta caber en un solo chivo expiatorio.

Lo que está realmente en juego

La DIAN no es una entidad cualquiera. Es la caja donde el Estado recauda y donde se libra la guerra contra la evasión y el contrabando. Colonizar sus cargos con fichas políticas no es un pecadillo burocrático: es abrir una grieta en la manera en que el país financia lo público. Cada dirección repartida por favor es una aduana que puede mirar para otro lado.

Pero el golpe más duro es político, no técnico. Este gobierno llegó jurando enterrar la mermelada, el clientelismo y el «yo te nombro, tú me debes» de la vieja política. Y resulta que la denuncia más filuda no vino de afuera, sino de un ministro propio que dice haberse negado a hacer exactamente eso. Cuando el que promete limpiar la casa termina señalado por quienes barrían a su lado, el problema deja de ser jurídico y se vuelve una cuestión de credibilidad.

Benedetti niega todo, y está en su derecho: nada de esto lo hace culpable. La pelota está en la Fiscalía, que deberá decidir si hay tráfico de influencias o si el episodio se archiva como uno más. Si acusa, el caso volverá a la Corte, ahora para sentencia.

Mientras tanto, queda flotando la pregunta que ningún tecnicismo de competencia logra archivar: ¿cuánto duró, de verdad, el «cero clientelismo»? La respuesta, si nos atenemos a las fechas de los chats, cabe en un número tan corto como incómodo. Diecisiete días.