Hay cifras que, de tanto repetirse, terminan sonando a abstracción. «Veinte mil millones de pesos» es una de ellas. Pero esta semana la Fiscalía General de la Nación le puso dirección, matrícula inmobiliaria y nombre propio a esa abstracción: 25 bienes —19 inmuebles y seis sociedades— regados por medio país, desde Bogotá hasta Montería, de Pasto a Cúcuta, de Sopó a Sabana de Torres. No es un número en un expediente. Son apartamentos, predios y empresas que, según la investigación, se habrían levantado sobre la plata que estaba destinada a mitigar emergencias y a atender a los colombianos que lo perdieron todo en una tragedia.

Esa es la obscenidad de fondo del caso UNGRD, y conviene no perderla de vista entre tanto tecnicismo. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres existe para que, cuando un río se desborda o un cerro se viene abajo, el Estado llegue. El entramado que investiga la Fiscalía habría convertido ese mandato humanitario en una caja menor para repartir contratos y desviar recursos. Si algo logran las medidas cautelares anunciadas por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio es recordarnos que la corrupción no es un delito sin víctimas: cada peso que presuntamente terminó en un predio en Tabio o en una sociedad fachada es un peso que no llegó a un damnificado.

Los nombres ya no sorprenden, y esa es precisamente la señal de alarma. La Fiscalía vincula estos bienes a seis señalados: los exdirectivos de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez; el expresidente del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez; el expresidente de la Cámara Andrés Calle Aguas; el contratista Luis Eduardo López Rosero y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo. Dos exdirectivos del organismo que debía proteger a los vulnerables, dos expresidentes de corporaciones legislativas, un contratista y un abogado. El mapa completo de cómo, presuntamente, se cocina un desfalco: quien maneja la plata, quien la legisla, quien la ejecuta y quien la blinda jurídicamente.

Detengámonos en un detalle que lo dice todo. Entre los cuatro bienes atribuidos a Iván Name, hay uno sobre el que la medida recae apenas sobre el 33 % de la propiedad. Es decir, ni siquiera la riqueza presuntamente mal habida se tiene completa: se comparte, se fracciona, se esconde en porcentajes. Y están las seis sociedades, que según la Fiscalía habrían servido para «dar tránsito a los dineros». Traducido: empresas que no fabrican nada, no prestan nada, no emplean a nadie, pero por cuyas cuentas habría pasado la plata de las emergencias. La ingeniería del lavado en estado puro.

Hay que ser rigurosos, y aquí va la advertencia que esta columna no puede ahorrarse. Todos los mencionados son presuntos implicados. Una medida cautelar —embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo— no es una condena: es una herramienta para que, si la justicia determina que esos bienes son fruto del delito, no se evaporen antes de la sentencia. Olmedo López y Sneyder Pinilla han sido, además, piezas centrales como testigos que negocian con la Fiscalía, lo que obliga a tomar sus señalamientos con beneficio de inventario. Name, Calle y los demás tienen derecho a defenderse y a que se presuma su inocencia hasta que un juez diga lo contrario. Nada de esto es un detalle: es el estándar que separa al periodismo del linchamiento.

Pero reconocer la presunción de inocencia no obliga al silencio ni a la ingenuidad. Lo que esta decisión revela es un patrón, y los patrones importan. Que la justicia esté persiguiendo el patrimonio —y no solo las conductas— marca un cambio de estrategia valioso: a los corruptos no los duele tanto el proceso como el bolsillo. La extinción de dominio es, quizás, la única pedagogía que entienden. Y en un país donde la impunidad suele ganar por cansancio, ver al CTI y al Ejército materializando embargos en diez municipios es, al menos, una señal de que el aparato no se rindió.

Queda la pregunta incómoda, la que no cabe en un comunicado: ¿cuántos damnificados reales dejaron de recibir ayuda para que seis personas, presuntamente, acumularan 25 bienes? Esa contabilidad —la de las víctimas— no aparece en el avalúo de los $20.000 millones, pero es la única que de verdad cuenta. Mientras tanto, que la justicia siga el dinero. Al final, el patrimonio también habla. Y lo que estos 25 bienes están diciendo, en voz baja pero clara, es que alguien convirtió la tragedia ajena en su propia bonanza.