El cemento no educa; las promesas sin decreto tampoco. El debate alrededor del Multicampus Universitario de La Ladera en Cali ha dejado de ser una disputa de narrativas políticas para convertirse en una dolorosa realidad contable: $45.000 millones de pesos de los contribuyentes invertidos en un majestuoso contenedor de paredes vacías. Un «elefante blanco» de manual, maquillado con discursos de justicia social.

La historia comenzó con bombos y platillos a finales de 2025. El entonces gobierno de Gustavo Petro inauguró el complejo en la antigua sede de la Universidad Libre, prometiendo albergar a 9.000 estudiantes de las comunas más vulnerables de Cali y saldar una supuesta deuda histórica con los jóvenes del estallido social. Hoy, un recorrido por el sector de Santa Isabel revela la cruda verdad: las aulas lucen desiertas durante el día y la masa estudiantil brilla por su ausencia. Los 9.000 estudiantes no existen en la realidad; eran solo una proyección inflada de expectativa política. Informes oficiales del propio Ministerio de Educación revelaron que, para sus primeros meses de operación, el campus apenas registraba una pírrica cifra de 243 estudiantes matriculados en jornadas nocturnas o híbridas. El 2.7% de la meta.  

¿Por qué no hay nadie estudiando allí? La respuesta desnuda una alarmante falta de planeación institucional. El proyecto se inauguró con un afán de impacto simbólico antes de resolver lo más básico: la legalidad académica. Para que las 7 universidades públicas asignadas al modelo asociativo puedan dictar clases presenciales masivas, necesitan que el Ministerio de Educación les otorgue el «registro calificado de ampliación de lugar de desarrollo».  

Al sol de hoy, la gran mayoría de las 45 carreras prometidas —incluyendo una pomposa e inviable Facultad de Medicina gratuita carecen de ese permiso legal. Sin el aval del propio ministerio que inventó el proyecto, las instituciones tienen las manos atadas para abrir matrículas abiertas al público.

A esto se suma un limbo financiero insostenible. Mantener el complejo abierto (servicios públicos, vigilancia y aseo) cuesta cerca de $5.600 millones de pesos anuales. Bajo el diseño original, este millonario gasto operativo no lo asume directamente la Nación, sino que debe ser dividido entre las universidades aliadas, las cuales ya operan con presupuestos públicos al límite. El resultado es un cuello de botella logístico que frena la llegada de la dotación tecnológica definitiva.

¿Y los $7.700 millones de pesos restantes destinados precisamente a esa dotación y adecuaciones? Permanecen congelados o guardados en bodegas, inútiles, porque no se puede instalar tecnología interactiva de punta en salones que no tienen alumnos que la utilicen.

Como era de esperarse, la defensa del petrismo ha activado su maquinaria de excusas técnicas. Ahora argumentan que los recursos operativos quedaron amarrados a «vigencias futuras» y que los retrasos se justifican por la reorientación de esfuerzos logísticos para atender los arreglos educativos prioritarios tras el devastador terremoto de magnitud 7,4. Es la narrativa perfecta del bombero pirómano: culpar a la burocracia del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, apelar a las tragedias naturales y asegurar que «dejaron la plata en caja», cuando lo que realmente heredaron fue un modelo inviable en el papel. Mientras el Multicampus Nuevo Latir en el oriente funciona modestamente con 120 alumnos usando la planta física de un colegio público existente , La Ladera se hunde bajo el peso de su propia megalomanía.

La Ladera no es una universidad; es un monumento a la improvisación. Comprar un edificio de $36.850 millones de pesos sin contratar profesores, sin garantizar las rutas de transporte para los jóvenes de Siloé y sin aprobar los registros legales mínimos es una irresponsabilidad fiscal. El «Gobierno del Cambio» le entregó a Cali un cascarón físico vacío y le colgó la factura de su mantenimiento a la educación pública local. Si las mesas técnicas no destraban los permisos legales pronto, La Ladera pasará a la historia no como el epicentro de la transformación educativa, sino como el mausoleo donde el discurso político sepultó la viabilidad técnica.