A solo un mes de la estrecha derrota de Iván Cepeda en el balotaje presidencial frente a Abelardo de la Espriella, el Pacto Histórico navega a la deriva institucional. El fuerte reclamo de Gustavo Petro a sus bancadas parlamentarias por «quedarse a la defensiva» desnudó una crisis de liderazgo inocultable. Al perder el aparato estatal y verse incapaces de sostener un rumbo legislativo técnico en el Congreso, las figuras radicales de la coalición han decidido replegarse en la única estrategia que manejan con destreza de manual: el activismo de pantalla, el video corto y la agitación callejera. 

Mientras las directivas tradicionales intentan reacomodarse con la figura del denominado «Gabinete por la Vida», personajes como la representante Mafe Carrascal y la exministra Susana Muhamad se mantienen «al pie del cañón» en las calles de Bogotá, pero no para construir soluciones, sino para capitalizar el caos. 

El caso más reciente involucra a la representante a la Cámara Mafe Carrascal, quien irrumpió en un plantón bloqueando los accesos a la Alcaldía Mayor de Bogotá. En sus redes sociales, la congresista acusó airadamente a la administración de Carlos Fernando Galán de «congelar» de forma arbitraria la mesa de negociación colectiva distrital. Sin embargo, bajo la lógica selectiva del influencer, a Carrascal se le olvidó contarle a sus seguidores por qué se frenó realmente el proceso. Ocultó deliberadamente que la suspensión obedeció al estricto cumplimiento de un fallo de tutela emitido por un juez de la República, el cual ordenó realizar un censo sindical antes de avanzar. Tampoco mencionó las actuaciones posteriores de las organizaciones sindicales. En lugar de ejercer el control político en el Capitolio con rigor legal y con la verdad completa, prefirió acudir a las vías de hecho y a la manipulación mediática para presionar a una institución que simplemente acataba un dictamen judicial. 

A este libreto de agitación se suma la insólita defensa de Susana Muhamad frente a los desmanes ocurridos durante una protesta ante la sede principal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Ante los evidentes daños materiales y grafitis plasmados en la fachada de la entidad, la exministra de Ambiente saltó a las redes a asegurar que pintar estas paredes “no es vandalismo”, sino una «expresión artística y legítima». La ley colombiana, en contraste, es taxativa al tipificar el daño en bien ajeno y la alteración de la infraestructura pública como delitos. Lo verdaderamente grave aquí no es solo el menoscabo a los bienes del Estado, sino el peligroso mensaje pedagógico que una exalta funcionaria les está dejando a las niñas y jóvenes del país al validar la ilegalidad. 

Desde los sectores de la centroderecha y la nueva coalición de gobierno, la lectura de estos episodios es unánime: la izquierda radical se niega a aceptar su rol de oposición institucional. Al carecer de propuestas técnicas, apuestan por la normalización de las vías de hecho bajo el disfraz de la libre expresión. La historia reciente de Colombia demuestra que es precisamente así como comienzan los ciclos de violencia urbana; legitimando pequeños desacatos materiales que terminan escalando hasta las dinámicas destructivas de la primera línea. Un país no se construye legislando 60 horas diarias para el algoritmo de las redes sociales. Reducir la dignidad de la representación popular al espectáculo de megáfono y a la indignación prefabricada para alimentar bodegas digitales solo demuestra que el Pacto se quedó sin ideas para el futuro de la nación.