Hay escándalos que se entienden con una sola imagen. En el caso de la corrupción que golpeó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante el gobierno de Gustavo Petro, esa imagen son 40 carrotanques parqueados y empolvados en un lote de La Guajira, sin una sola gota de agua entregada a las comunidades indígenas que los necesitaban.

El contrato que destapó todo

Todo comenzó con una orden de proveeduría de octubre de 2023: 40 carrotanques por 29.000 millones de pesos, adjudicados a la Corporación Mixta Yupurutú, una entidad sin ánimo de lucro de carácter estatal que, según reveló la prensa en su momento, ni siquiera contestaba el teléfono cuando se le buscaba, y cuya dirección registrada resultó ser, en el caso de otro proveedor vinculado, una casa abandonada. Los vehículos llegaron sin pólizas de seguro y con sobrecostos: la Fiscalía calculó que, de los 29.000 millones del contrato, cerca de 11.114 millones correspondían a sobreprecios repartidos entre los implicados.

Ese patrón se repitió con un segundo lote de 40 carrotanques, esta vez por 46.800 millones de pesos —1.170 millones por vehículo—, cuando el costo real habría rondado los 664 millones cada uno. En total, 80 carrotanques que debían llevar agua a una de las regiones más golpeadas por la sequía en Colombia, y que terminaron, en su mayoría, sin moverse durante meses.

Los nombres que ya tienen condena o proceso avanzado

La Fiscalía identificó como jefe de ventas de Yupurutú a Francisco Javier Estupiñán Bravo, quien terminó condenado por peculado e interés indebido en la celebración de contratos, tras admitir que entregó documentos falsos sobre las condiciones de los carrotanques. Su representante legal, Édgar Echeverri Toro, también fue acusado formalmente y aceptó cargos, en un proceso que avanza hacia la ratificación de una condena por preacuerdo con la Fiscalía.

Junto a ellos fueron vinculados otros contratistas y asesores: el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa, su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández —contratista de la UNGRD—, el asesor de la Dirección de Función Pública Jorge Aristizábal Rodríguez, y el contratista Óscar Enrique Cárdenas Angulo.

La conexión con la compra de votos: la confesión que abrió la caja de Pandora

Pero Yupurutú fue solo la punta del ovillo. El subdirector de la UNGRD en ese momento, Sneyder Pinilla, confesó que el dinero del contrato de los carrotanques —y de negocios similares de la entidad— sirvió para financiar pagos en efectivo destinados a comprar el respaldo de congresistas para las reformas del Gobierno Petro. Según su relato, entre los beneficiarios estuvieron el entonces presidente del Senado, Iván Name, el de la Cámara, Andrés Calle, y al menos 15 congresistas más.

Su exjefe, el entonces director de la UNGRD Olmedo López, terminó corroborando gran parte del relato ante la Fiscalía y la Corte Suprema, detallando cómo se coordinaban los pagos y quiénes daban las órdenes. De sus declaraciones surgió el nombre de César Manrique Soacha, entonces director de Función Pública, señalado de haber gestionado la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, a cambio de direccionar los contratos derivados hacia oferentes específicos. Manrique fue posteriormente declarado prófugo de la justicia.

Más arriba en la cadena de mando, las confesiones de López y Pinilla señalaron a Carlos Ramón González —para entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y luego director de la Dirección Nacional de Inteligencia— como quien habría ordenado el desvío de los recursos para comprar votos en el Congreso a favor de la agenda legislativa del Gobierno.

Lo que dice el propio Petro

El presidente Gustavo Petro ha insistido públicamente en que desconocía estas prácticas. En su momento afirmó tajantemente: «El que lo intente, se va. Como se fue Olmedo. Este es un Gobierno que no se pone al servicio de los corruptos, sino al servicio del pueblo». Cuando la Corte Suprema le preguntó directamente si sabía que sus entonces ministros de Hacienda e Interior habían usado fondos de cofinanciación para beneficiar congresistas a cambio de su respaldo legislativo, su respuesta fue más cauta: «de lo que conozco, no podría afirmar lo anterior». Su hija, Andrea Petro, también salió a defenderlo públicamente, asegurando que su padre «odia la corrupción» y que no sabía lo que ocurría dentro de la entidad.

Es una defensa legítima desde el punto de vista político —cualquier gobierno tiene derecho a marcar distancia de las conductas de sus funcionarios—, pero también es cierto que las propias confesiones de quienes ya han sido condenados o están negociando con la Fiscalía apuntan cada vez más arriba en la estructura del Gobierno, hacia nombres que estuvieron entre los más cercanos al presidente.   

La pregunta que queda

Lo que hoy sabemos con certeza es esto: hay condenas en firme por el contrato de los carrotanques, hay confesiones judicialmente admitidas sobre el uso de esos recursos para comprar votos en el Congreso, y hay altos funcionarios del entorno presidencial —desde un exdirector de Función Pública hoy prófugo hasta un exdirector del Dapre— señalados de dar las órdenes. Lo que todavía está en disputa es hasta dónde llegó el conocimiento del propio presidente, y esa es una pregunta que, mientras la justicia no termine de resolverla, seguirá siendo, con toda razón, el centro del debate político en Colombia.