En el complejo tablero de la política colombiana, donde las líneas entre la diplomacia y el escándalo suelen ser difusas, surge un nuevo interrogante que sacude los cimientos de la narrativa oficial: el caso de Gonzalo Boye. El afamado abogado español, conocido por manejar casos de alto perfil internacional, ha roto el silencio para exponer una contradicción que el gobierno de Gustavo Petro parece no querer —o no poder— explicar.

La cronología de los hechos, revelada recientemente por Boye en entrevista con SEMANA, plantea un escenario digno de una novela de espionaje. En 2024, el jurista aterrizó en Bogotá con una misión clara: reunirse personalmente con el presidente Petro para discutir el futuro jurídico de su cliente, Diego Andrés Marín, alias “Papá Pitufo”, señalado como el zar del contrabando en el país. El encuentro ocurrió, fue cordial y duró más de una hora en un hotel de la capital. Hasta ahí, un diálogo entre un jefe de Estado interesado en «la verdad del contrabando» y un representante legal.

Sin embargo, el giro dramático ocurrió poco después. Lo que empezó como un canal de comunicación directo se transformó en una barrera infranqueable. Boye, el mismo hombre que se sentó frente al mandatario, hoy tiene prohibida la entrada a Colombia bajo el argumento de ser un «peligro para la seguridad nacional».

¿Qué cambió en esos meses? ¿Qué se dijo en aquella reunión privada que transformó a un interlocutor válido en una persona non grata?

La respuesta del presidente Petro en redes sociales ha sido, hasta ahora, elusiva. Mientras en X insiste en que no tiene relación alguna con el contrabandista, el testimonio documentado de Boye sostiene lo contrario. Esta discrepancia no es menor. Si el objetivo del Gobierno es, como se ha dicho, que Marín Buitrago regrese a Colombia a confesar los entresijos de una mafia que desangra la economía, resulta inexplicable que se dinamiten los puentes con su defensa técnica.

La queja de Boye es legítima desde la lógica diplomática y jurídica: «No puede ser que me entreviste con el presidente y después sea un peligro». Esta «prohibición absurda», como él la califica, deja un aroma de improvisación o, peor aún, de temor a lo que se pueda pactar o revelar fuera de los micrófonos oficiales.

Si el Gobierno nacional aspira a mantener la coherencia en su lucha contra la corrupción y el contrabando, debe aclarar por qué se le cerraron las puertas a quien fue invitado a la mesa. La transparencia no se ejerce solo con discursos en plazas públicas, sino aclarando las sombras de las reuniones privadas que, tarde o temprano, terminan saliendo a la luz. Por ahora, el silencio de la Casa de Nariño solo alimenta la sospecha de que, en este caso, la verdad es más incómoda de lo que parece.