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¡Se rompe el mito! El Tribunal de Bogotá confirma que el ‘Estallido Social’ fue un plan de las Farc.
Un giro institucional definitivo ha tomado la narrativa sobre las movilizaciones que sacudieron a Bogotá durante el llamado «Estallido Social». El Tribunal Superior de Bogotá, bajo la ponencia del magistrado Jaime Andrés Velasco Muñoz, confirmó en segunda instancia que los actos de violencia y parálisis urbana ocurridos no fueron eventos espontáneos derivados del descontento civil, sino el resultado de una estrategia de guerra urbana planificada por grupos ilegales.
El fallo, que ratifica una sentencia de julio de 2023, arroja luz sobre la infiltración de células urbanas conectadas directamente con el Bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ y el fallecido ‘Gentil Duarte’.
La logística del «caos bajo mando»
La investigación judicial revela que la operatividad de los disturbios no fue aleatoria. Se estructuró mediante un mando unificado que utilizaba redes de mensajería instantánea para segmentar la capital por nodos estratégicos: «Américas», «Autonorte», «Séptima» y «Caracas».
Según el material probatorio, que incluye interceptaciones telefónicas y documentos internos, los procesados no solo recibían financiamiento, sino directrices militares para:
Reclutamiento y adoctrinamiento: Captación de jóvenes en universidades públicas y privadas.
Ataque sistemático: Ofensivas coordinadas contra estaciones de Transmilenio y la Fuerza Pública.
Sabotaje logístico: Quema de buses zonales y saqueos programados a grandes superficies.
El tribunal fue enfático al señalar que estas acciones excedieron el derecho constitucional a la protesta, convirtiéndose en delitos de terrorismo y concierto para delinquir con el fin de desestabilizar la institucionalidad.
Condenas y precedentes
La justicia impuso penas de 19 años de prisión para tres de los principales articuladores de estas células, y 10 años para un cuarto implicado. Además, las multas impuestas superan los 1.000 millones de pesos, un intento por resarcir los daños millonarios causados a la infraestructura pública de la ciudad.
Este fallo sienta un precedente jurídico y político de alto impacto en Colombia. Al demostrar que estructuras guerrilleras instrumentalizaron el malestar social para ejecutar planes de control urbano, el Tribunal Superior de Bogotá redefine la lectura de los eventos de 2021, separando la manifestación legítima del terrorismo financiado por grupos armados al margen de la ley.
