La crisis del FOMAG dejó de ser un problema técnico para convertirse en un termómetro político del Gobierno. Lo que comenzó como un debate sobre cifras —un patrimonio negativo de $3,2 billones y pérdidas crecientes— hoy expone algo más profundo: tensiones internas, decisiones improvisadas y una narrativa oficial que empieza a resquebrajarse.

El presidente Gustavo Petro decidió intervenir el modelo y ordenar investigaciones bajo la premisa de que “se han robado billones”. Una declaración de alto calibre que, lejos de cerrar el debate, lo amplificó. Porque cuando el propio Gobierno denuncia corrupción dentro de un sistema que administra, la pregunta inevitable es: ¿quién responde políticamente?

La reacción no se hizo esperar. Alejandro Gaviria lanzó una crítica frontal, calificando la situación como “una farsa grotesca y vulgar”, sugiriendo que el mismo Ejecutivo creó las condiciones del problema. No es una acusación menor: implica que el rediseño del modelo de salud del magisterio no solo fue fallido, sino que pudo haber agravado los riesgos que hoy se denuncian.

Pero quizás el episodio más revelador no vino de la oposición, sino desde dentro. El choque entre Carlos Carrillo y la Casa de Nariño, tras el encargo a Daniel Quintero para investigar el FOMAG, dejó al descubierto una fractura incómoda. Cuando un alto funcionario le dice al presidente “rodéese de los suyos, no de oportunistas”, el problema ya no es solo administrativo: es político, estratégico y de confianza.

El Gobierno intenta posicionar la narrativa de que está “destapando la corrupción”. Sin embargo, esa estrategia tiene un riesgo evidente: si no logra mostrar resultados claros y responsables concretos, puede terminar validando el argumento de sus críticos de que el caos es producto de su propia gestión.

A esto se suma un dato clave: el modelo que hoy se cuestiona ni siquiera ha sido implementado plenamente, según reconocen desde el propio FOMAG. Es decir, el país enfrenta una crisis sobre un sistema incompleto, con fallas de gobernanza, contratos heredados y una estructura que parece más parche que reforma.

El problema de fondo no es solo financiero. Es de dirección. ¿Quién conduce realmente la política de salud del magisterio? ¿Quién toma decisiones? ¿Y bajo qué criterios?

Mientras tanto, más de 800 mil usuarios —entre docentes y sus familias— siguen dependiendo de un sistema en crisis, con quejas por medicamentos, citas y acceso a servicios. Esa es la dimensión real del problema, más allá del debate político.

El caso FOMAG puede convertirse en un punto de quiebre para el Gobierno Petro. No solo por el tamaño del déficit, sino porque expone algo más delicado: la dificultad para alinear discurso, ejecución y control.

Y en política, cuando esas tres cosas no coinciden, la crisis deja de ser un episodio… y se convierte en tendencia.