La reciente resolución firmada por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, ha sacudido los cimientos de la opinión pública colombiana. Al solicitar la suspensión de órdenes de captura y trámites de extradición para 29 cabecillas del Clan del Golfo —oficialmente autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)—, el Gobierno Petro cruza un rubicón jurídico y político que plantea una interrogante ineludible: ¿Estamos ante un paso audaz hacia la desmovilización o ante una peligrosa concesión en pleno año electoral?

Los Protagonistas del Alivio Judicial

El nombre que encabeza la lista no es menor: Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’. Sucesor de ‘Otoniel’ y actual máximo jefe de una estructura que controla gran parte del tráfico de cocaína hacia el exterior, su inclusión representa un desafío directo a la cooperación judicial con Estados Unidos.

El argumento del Ejecutivo es pragmático: para que existan las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta (Córdoba) y Belén de Bajirá (Chocó), los interlocutores deben tener garantías de movilidad. Sin embargo, el «carácter restringido» de esta movilidad —limitada a zonas de influencia del grupo— es visto por la oposición no como una medida logística, sino como un reconocimiento de soberanía territorial a una banda criminal.

El Factor Electoral: Mayo de 2026 en el Horizonte

A escasas semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la narrativa de la «Paz Total» se ha entrelazado inevitablemente con la contienda por el poder. Las críticas han escalado desde diversos sectores:

• Paloma Valencia: La senadora y candidata ha calificado la medida como una «estrategia electoral». Su tesis es que el despeje de terreno a figuras vinculadas al narcoparamilitarismo facilita el constreñimiento al elector en regiones críticas.

• Sergio Fajardo: Con un tono lapidario, el exgobernador comparó la situación con un «nuevo Pacto de La Picota», sugiriendo que el Gobierno ha priorizado la victoria política sobre la integridad de la justicia.

• Iván Cepeda: El senador y candidato oficialista se encuentra en una posición defensiva. Tras tildar inicialmente de «mentirosas» las denuncias de presión armada, su propia campaña terminó reconociendo informes de la Defensoría del Pueblo que alertan sobre grupos armados incidiendo en el voto, aunque condenó enérgicamente cualquier apoyo derivado del terrorismo.

Los Riesgos de la Apuesta

El éxito de esta resolución depende ahora de la Fiscalía General de la Nación, que deberá decidir si avala el cese de la persecución judicial contra estos 29 individuos. Los puntos críticos a monitorear son:

1. La Reacción de EE. UU.: La suspensión de extradiciones para capos del narcotráfico suele tensar las relaciones con Washington, socio clave en la lucha antinarcóticos.

2. La Seguridad en las ZUT: El inicio del traslado el 25 de junio (casualmente cuatro días después de una eventual segunda vuelta) determinará si el Clan del Golfo tiene una voluntad real de sometimiento o si solo busca un respiro estratégico.

3. Legitimidad Democrática: Si las denuncias de constreñimiento al elector se materializan en las urnas, cualquier avance en la paz quedará manchado por la sospecha de un pacto de conveniencia política.

Nota de Análisis: El Gobierno Petro se juega su resto de capital político en esta jugada. Si logra desarmar al Clan del Golfo antes de agosto de 2026, pasará a la historia como el arquitecto de una paz imposible. Si los beneficiados incumplen, habrá entregado impunidad temporal a los criminales más buscados del país en el momento más sensible de la democracia.

¿Crees que la participación de la Fiscalía será el filtro suficiente para evitar que estas suspensiones se conviertan en impunidad permanente?