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Un nuevo foco de controversia rodea a la propuesta de Constituyente impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Una investigación periodística pone bajo la lupa a Armando Wouriyú Valbuena, vocero de paz y figura clave en la iniciativa, por el poder que concentra su círculo familiar en la contratación pública en La Guajira.
De acuerdo con los hallazgos, una asociación indígena liderada por su hermano, Gustavo Custodio Wouriyú, ha recibido más de $20.000 millones en contratos estatales entre 2023 y 2026.
Contratos, poder y dudas
Los convenios han sido firmados con múltiples entidades del Estado —ICBF, ministerios y autoridades locales— bajo objetos amplios como “servicios integrales al pueblo wayúu” o fortalecimiento de programas sociales.
Sin embargo, en terreno, las dudas crecen:
Fuentes locales aseguran que varios de estos proyectos no se ven reflejados en mejoras reales para las comunidades, que siguen enfrentando carencias básicas como agua, salud y vías.
Un poder que incomoda
El nombre de Armando Wouriyú Valbuena no solo aparece en el debate constituyente. También ha sido designado como vocero en diálogos con grupos armados y es considerado un interlocutor directo del Gobierno.
Esa cercanía, sumada al volumen de contratos alrededor de su familia, ha despertado cuestionamientos:
¿Se trata de gestión legítima o de una concentración de poder con recursos públicos?
Líderes indígenas consultados lo describen como un “operador político” con influencia en espacios clave como la ONIC y la Mesa Permanente de Concertación, desde donde —afirman— se definen decisiones estratégicas.
La defensa
Ante las críticas, Wouriyú niega cualquier irregularidad o injerencia en los contratos:
“No tengo poder político para decidir sobre esos procesos”, aseguró.
El trasfondo
El caso no solo golpea la narrativa de la Constituyente, sino que revive un debate más profundo:
la delgada línea entre liderazgo social, poder político y manejo de recursos públicos.
Mientras tanto, en la Alta Guajira, la realidad sigue siendo la misma: pobreza estructural y comunidades que aún esperan resultados concretos.
La pregunta queda abierta:
¿gestión social… o un nuevo foco de poder con recursos del Estado?
