La política colombiana se mueve hoy entre versiones oficiales que se contradicen con la realidad de los hechos. Mientras desde la Casa de Nariño se intenta proyectar una imagen de lucha frontal contra las mafias del contrabando, los detalles que han emergido sobre los acercamientos con Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, sugieren una historia muy distinta: la de un Gobierno que decidió jugar por fuera de los márgenes de la ley.

La génesis en el Hotel Tequendama

No fueron «agentes descarriados» ni subordinados actuando por cuenta propia. La evidencia apunta a que el propio Gustavo Petro dio el primer paso. El 16 de mayo de 2024, en la privacidad de un salón del Hotel Tequendama, el presidente se sentó con el equipo legal del mayor contrabandista del país.

Ese encuentro de una hora no fue un evento protocolario; fue el acto de apertura de un canal de comunicación paralelo que, meses después, se traduciría en misiones de inteligencia financiadas con recursos públicos para visitar a un prófugo en España.

El Estado al servicio de una negociación privada

Resulta alarmante que, mientras la Fiscalía General de la Nación avanzaba en la captura de la estructura de Marín, el Ejecutivo enviaba emisarios con promesas de «garantías de seguridad» y beneficios judiciales.

• Usurpación de funciones: El Gobierno no tiene la facultad legal para negociar penas ni ofrecer inmunidades. Esa es tarea exclusiva de la justicia.

• La advertencia del silencio: En los audios que hoy conoce el país, se escucha a jefes de inteligencia ofrecer tratos para que el capturado «hable de quien quiera». La respuesta del entorno de Marín es un frío recordatorio de los riesgos: si él cuenta todo lo que sabe sobre la infiltración en los puertos y en las campañas, el sistema colapsaría.

¿Justicia o control de daños?

Llama poderosamente la atención el uso de intermediarios con vínculos históricos en los puertos estratégicos de Colombia para gestionar estos acercamientos. No parece una búsqueda genuina de la verdad, sino un sofisticado mecanismo diseñado para administrar la información.

Hoy, tras múltiples reuniones secretas, vuelos internacionales y promesas de pasillos, el «Zar» del contrabando sigue sin responder ante un juez colombiano. Lo que queda es un Gobierno atrapado en sus propias explicaciones y una institucionalidad saltada por la conveniencia política. Si la verdad es el objetivo, ¿por qué esconderla de la Fiscalía?